Este blog también se publicó en STAT (en inglés) el 9 de julio de 2024.
La sobredosis es la causa de muchas muertes en los Estados Unidos, y en el sistema de justicia penal la crisis de sobredosis ha alcanzado niveles de gravedad nunca vistos. La sobredosis es la principal causa de muerte (en inglés) entre las personas que regresan a sus comunidades tras haber estado en la cárcel o en prisión. Proporcionar tratamiento contra la adicción en estos entornos podría cambiar esta situación.
Aproximadamente el 60% (en inglés) de las personas encarceladas padecen un trastorno por consumo de sustancias, en muchos casos un trastorno por consumo de opioides. Cuando las personas con adicción salen de la cárcel o prisión y regresan a sus comunidades, tienen una probabilidad muy alta de volver a consumir drogas y sufrir una sobredosis. Su tolerancia a las drogas ha disminuido durante el encarcelamiento, y el fentanilo está omnipresente en el suministro de drogas en la calle. Hasta una sola recaída puede resultar fatal.
Sigue siendo una creencia común (en inglés) que simplemente conseguir que alguien deje de consumir drogas mientras está en la cárcel o en prisión es un enfoque eficaz del tratamiento. Pero esa creencia es inexacta y peligrosa. Como científicos, nos guiamos por la investigación. Y cuando la investigación muestra estrategias con claros beneficios, deben ponerse en práctica.
La Administración de Alimentos y Medicamentos ha aprobado tres medicamentos para el trastorno por consumo de opioides: metadona, buprenorfina y naltrexona. Los tres son eficaces, seguros y pueden salvar vidas. Pero su escaso uso es lamentable (en inglés), sobre todo en el ámbito de la justicia penal.
Un estudio realizado en 2020 (en inglés) en Rhode Island estimó que las muertes por sobredosis podrían reducirse en un 30% en el estado si las cárceles y prisiones facilitan el acceso a los tres medicamentos a quienes los necesiten. Los estudios también demuestran que las personas que reciben estos medicamentos mientras están en la cárcel o en prisión tienen menos probabilidades de volver a consumir sustancias (en inglés) y más probabilidades de continuar con el tratamiento (en inglés) después de su regreso a la comunidad.
Menos de la mitad de las cárceles (en inglés) de todo el país, y menos del 10% de las prisiones estatales (en inglés), ofrecen los tres medicamentos. Aunque el 96% de las cárceles sí proporcionaban la naloxona, un medicamento para revertir las sobredosis, al personal de los centros, sólo 1 de cada 3 proporcionaba naloxona y formación (en inglés) sobre cómo utilizarla a las personas encarceladas durante el periodo más crítico que es el regreso a sus comunidades.
Si no se facilita el acceso a estos tratamientos que salvan vidas y a las medidas de reducción de daños, se crean brechas peligrosas para las personas cuando salen de la cárcel o la prisión. Las repercusiones se hacen sentir en todas las comunidades y generaciones. Profundizan las desigualdades raciales y la sobrerrepresentación de las comunidades de color en el sistema de justicia penal. Causan estragos en los niños (en inglés) y las familias (en inglés).
Proporcionar medicamentos para el trastorno por consumo de opioides en cárceles y prisiones beneficia a la salud y la seguridad pública. Es económico y rentable (ambas páginas en inglés). También puede ayudar a romper el ciclo de la reincidencia (en inglés). Puede reducir la carga para el sistema general de atención médica, incluidos los servicios de urgencias (en inglés).
Existen programas en todo el país (en inglés) para ofrecer naloxona y medicamentos para el trastorno por consumo de opioides en cárceles y prisiones, junto con instrucción, formación y apoyo social. Las agencias federales han puesto en marcha programas para ayudar a las personas a controlar la abstinencia en las cárceles (en inglés) y proporcionar apoyo financiero para la atención médica a las personas que están a punto de regresar a la comunidad. Una revisión de la norma sobre metadona (en inglés) publicada recientemente permite que cualquier cárcel o prisión registrada como hospital o clínica pueda dispensar medicamentos para el trastorno por consumo de opioides en determinadas circunstancias.
Los líderes de las fuerzas del orden están empezando a ver cómo el tratamiento de la adicción aumenta la seguridad para todos. Chris Donelan, sheriff del condado de Franklin (Massachusetts), se ha asociado con investigadores para investigar (en inglés) qué ocurre cuando las cárceles ofrecen los tres medicamentos para el trastorno por consumo de opioides aprobados por la FDA. Su cárcel se convirtió en una de las pocas del país autorizadas como programa de tratamiento de opioides.
"Cuando alguien ingresa en nuestras instalaciones, en muchas ocasiones somos el primer proveedor de tratamiento que esa persona ha consultado en años", explicó Donelan a sus compañeros de investigación de la Universidad de Massachusetts. "Estos tratamientos salvan vidas y ayudan a las personas a entrar en recuperación. El tratamiento facilita mucho el trabajo de nuestras instalaciones. Tenemos menos peleas, menos contrabando y una instalación mucho más segura".
Desde 2019, los Institutos Nacionales de la Salud han financiado asociaciones (en inglés) en todo el país para averiguar cómo vincular a las personas con adicción a la atención durante y después de su tiempo en el sistema penitenciario. Estos investigadores están preparados para compartir a medida que surjan nuevas pruebas que ayuden a otras comunidades a realizar cambios basados en datos (en inglés) para que puedan aplicar lo más eficaz en los centros de justicia.
Aún queda mucho por hacer. El suministro de drogas peligrosas callejeras, la fragmentación de los sistemas de tratamiento, la falta de financiación, la falta de formación, el estigma omnipresente y una logística compleja van en contra de las personas con trastornos por consumo de sustancias en su esfuerzo por reconstruir sus vidas después de la encarcelación. El apoyo en la recuperación y la continuidad de la atención son esenciales durante esta época vulnerable.
Básicamente, la mejor o la única oportunidad para que una persona reciba tratamiento contra la adicción no debería coincidir con su encarcelamiento. En un mundo ideal, los sistemas de tratamiento y prevención en los Estados Unidos abordarían de forma proactiva los factores sociales que impulsan las necesidades de salud y salud mental para detener el ciclo entre adicción y encarcelamiento. Alejarse de la criminalización de los trastornos por consumo de sustancias hacia un enfoque de salud pública eliminaría una práctica estructural clave que perpetúa las desigualdades. Esto mejoraría la vida de las personas y de sus familias.
La doctora Nora D. Volkow es psiquiatra, científica y directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, que forma parte de los Institutos Nacionales de la Salud. La Dra. Tisha Wiley es psicóloga social, directora asociada de sistemas de justicia en el NIDA y dirige la iniciativa de la Red de innovación sobre opioides en la comunidad penal de los NIH, que estudia enfoques para aumentar la atención de alta calidad a las personas en entornos de justicia con consumo indebido de opioides o trastorno por consumo de opioides.
Dra. Nora Volkow, directora
Aquí destaco la importante labor que está llevando a cabo el NIDA y otras novedades relacionadas con la ciencia detrás del consumo de drogas y la adicción.
