Una nueva hoja de ruta para la investigación sobre el cannabis y su política

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El gran aumento de la disponibilidad del cannabis en las dos últimas décadas ha superado nuestra comprensión de las repercusiones de esta droga en la salud pública. Hoy en día está disponible de forma medicinal en la mayoría de los estados, y en casi la mitad de los estados los adultos ya pueden comprarlo para su consumo recreativo. El aumento de la disponibilidad ha provocado un descenso de la percepción de los daños por parte del público, así como un aumento del consumo.

En este panorama incierto y rápidamente cambiante, la investigación sobre el cannabis y su política es muy necesaria para guiar las decisiones en materia de salud individual y pública.

La Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas y Salud informó de que, entre 2012 y 2019, el consumo de cannabis durante el año anterior entre las personas mayores de 12 años aumentó del 11% a más del 17% y, aunque no es posible comparar las tendencias debido a los cambios en la metodología de la encuesta, en 2022, casi el 22% de las personas habían consumido la droga durante el año anterior. También se están observando aumentos drásticos en el número de personas de 65 años o más que consumen cannabis.

Al mismo tiempo, la industria del cannabis produce una selección cada vez mayor de productos con concentraciones variables y a veces muy elevadas de delta-9-tetrahidrocannabinol (THC). Los mayores daños derivados del consumo de cannabis están asociados al consumo regular de dosis elevadas de THC. Y existe una gran cantidad de otros productos intoxicantes a disposición del público, algunos de los cuales contienen otros cannabinoides sobre los que aún sabemos muy poco.

Para crear una hoja de ruta para la investigación en este espacio, el NIDA junto con el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa (NCCIH, por su sigla en inglés), el Instituto Nacional del Cáncer (NCI, por su sigla en inglés) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés), patrocinaron un estudio de consenso independiente realizado por las Academias Nacionales de las Ciencias, la Ingeniería y la Medicina (NASEM, por su sigla en inglés). El estudio dio lugar a un informe muy extenso, Las consecuencias para la salud pública de los cambios en el panorama de la política sobre el cannabis (en inglés), que se publicó en septiembre.

El informe detalla los diferentes marcos normativos que existen en diferentes estados, y utiliza investigaciones anteriores para identificar las políticas que tienen más probabilidades de tener un mayor impacto en la protección de la salud pública. Entre ellas se incluyen enfoques como las restricciones a la venta al por menor, los precios y la comercialización; la imposición de límites o topes al contenido de THC en los productos; y leyes sobre la conducción bajo los efectos del cannabis. También podrían incluir diferentes formas de fiscalidad e incluso monopolios estatales. Aunque los monopolios estatales aún no se han probado con el cannabis, han demostrado su eficacia para reducir los efectos del alcohol en la salud pública.

Pero el informe también subraya que son pocas las conclusiones que pueden extraerse aún sobre las repercusiones de la legalización o las diferentes formas en que se ha aplicado. Está claro que la gente consume más cannabis y de formas más variadas, y hay algunas pruebas del aumento de las visitas a urgencias por ingestión accidental, accidentes de coche, reacciones psicóticas y un cuadro de vómitos repetidos y graves (síndrome de hiperémesis). Pero nuestra comprensión se ve obstaculizada porque los detalles de las políticas varían mucho de un estado a otro y porque los datos se recogen y comunican de formas muy diferentes, lo que dificulta su interpretación.

En consecuencia, el informe enumera las recomendaciones de investigación que deberían llevar a cabo los organismos federales, estatales y tribales para proporcionar una mayor claridad y fundamentar la política, incluidos varios ámbitos que son responsabilidad de los NIH.

El informe subraya la necesidad de disponer de información más detallada sobre los resultados en materia de salud y seguridad asociados a marcos políticos específicos. Esto incluye más datos sobre los resultados asociados a las diferentes normativas sobre cómo se venden y comercializan los productos del cannabis, si se pueden consumir en espacios públicos y si las normas más restrictivas sobre cómo se puede vender el cannabis, como las que existen en otros países como Uruguay, se asocian con mejores resultados en materia de salud y seguridad. Muchos estados han desarrollado enfoques para promover la salud y la equidad social, incluidos programas para borrar o sellar los antecedentes por delitos relacionados con el cannabis y la concesión de licencias preferentes a las personas o grupos más perjudicados por las disparidades en las sanciones penales, pero también es necesario evaluar detenidamente si estos programas alcanzarán los objetivos previstos.

Por último, se necesita más investigación sobre los efectos para la salud del consumo de cannabis por parte de grupos específicos como los jóvenes, las mujeres embarazadas, los adultos mayores y los veteranos, y sobre sus efectos en individuos con diversas afecciones médicas para las que podría utilizarse el cannabis medicinal. También se necesitan estudios sobre los efectos para la salud de los productos cannabinoides de alta potencia y sintéticos o semisintéticos que están apareciendo. Pero los autores subrayan que el enfoque no puede ser únicamente el de los riesgos, sino que también debe incluir la investigación sobre los beneficios potenciales del cannabis en el cuidado de algunas condiciones crónicas de salud mental o física, así como las interacciones con los medicamentos recetados que los pacientes pueden estar tomando ya para controlar sus problemas de salud.

Gran parte de esta investigación necesitará o se beneficiará de una mejor vigilancia del cultivo del cannabis, la venta de productos y los patrones de consumo. La vigilancia existente, como señala el informe, ha estado afectada por la falta de financiación y coordinación, lo que ha producido brechas en nuestros conocimientos. También se necesitan mejores pruebas para detectar el deterioro causado por el cannabis. A diferencia del alcohol, el THC permanece en el organismo mucho después de que hayan desaparecido sus efectos psicoactivos. Así que, a diferencia de las pruebas de alcoholemia de uso común, los análisis de sangre para detectar el cannabis que se utilizan actualmente de forma generalizada en los controles policiales y laborales no pueden distinguir entre consumo reciente o pasado. Una mejor vigilancia y unas pruebas mejoradas pueden servir de base a la investigación sobre intervenciones para mitigar los riesgos para la salud y la seguridad asociados al consumo de cannabis. También pueden ayudar a informar sobre el desarrollo de normas de seguridad y calidad de los productos del cannabis.

Algunas de las preguntas más urgentes identificadas por el informe de la NASEM ya son áreas prioritarias de investigación para el NIDA. Por ejemplo, nuestro registro de cannabis medicinal (en inglés), que fue financiado a partir de 2023, será capaz de informar a la investigación, la política y la práctica mediante la recopilación de datos longitudinales sobre el consumo de cannabis y los resultados de una cohorte de personas que usan la droga medicinalmente. El proyecto incluirá un programa para comprobar la composición y la potencia de los productos de cannabis consumidos e integrará los datos del registro con otras fuentes de datos.

La encuesta Monitoring the Future (en inglés), financiada por el NIDA, ha seguido durante décadas las tendencias nacionales de consumo de cannabis en adolescentes y jóvenes adultos. La encuesta ha registrado recientemente una reducción del consumo de sustancias en general por parte de los adolescentes, incluido el cannabis, y las encuestas recientes también han mostrado un aumento de la desaprobación del consumo de cannabis y de la percepción de sus daños en este grupo de edad. Sin embargo, sigue mostrando que el cannabis es una de las drogas más consumidas por los adolescentes, con una cuarta parte de los alumnos de 12º grado que declaran haberlo consumido durante el último año.

Desde su inicio hace casi una década, el estudio del Desarrollo Cognitivo y Cerebral de los Adolescentes (ABCD, por su sigla en inglés) del NIH ha venido recopilando datos longitudinales sobre el consumo de drogas y sus repercusiones en el desarrollo en una gran cohorte nacional desde finales de la infancia hasta los primeros años de la edad adulta. Más recientemente, el ABCD se ha complementado con un estudio similar sobre la primera década de la vida, el estudio multiinstitucional Cerebro Sano y Desarrollo Infantil (HBCD, por su sigla en inglés). El HBCD está reclutando una cohorte de participantes embarazadas en todo el país y utilizará la neuroimagen y otras herramientas para rastrear los impactos de la exposición prenatal al cannabis y otras influencias ambientales en el cerebro en desarrollo. Al identificar los factores de riesgo y de resistencia al consumo de cannabis en los jóvenes, los datos del ABCD y del HBCD serán muy valiosos para informar los programas de prevención (en inglés) en estos grupos de edad.

Los avances en la investigación sobre el cannabis y su política podrían verse favorecidos por una adopción más amplia de la unidad de medida estándar de 5 mg de THC exigida en los estudios de investigación financiados por el NIDA y otros institutos de los NIH. La adopción de esta norma se basó en la necesidad de coherencia entre los estudios de investigación, lo que facilitará una investigación más relevante para el mundo real y la traslación de los hallazgos a la política y la práctica clínica. La investigación que utilice esta norma también podría proporcionar mejores conocimientos sobre los efectos de la exposición acumulativa y los efectos cognitivos y de desarrollo a largo plazo de la exposición prenatal.

La investigación científica debe impulsar siempre las mejores prácticas en salud pública. Con ese fin, el NIDA y otros institutos de los NIH seguirán apoyando la investigación esencial sobre el cannabis, los efectos sobre la salud de los nuevos productos y los efectos de los cambios políticos en torno a esta droga. Es esencial garantizar que, allí donde sean legales, los contenidos de los productos se presenten con exactitud al consumidor en un entorno en el que la salud pública tiene prioridad sobre las ganancias.